Un menor de 14 años, involucrado en el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, enfrenta un futuro incierto tras ser judicializado. La Fiscalía ha revelado que el joven, quien se encuentra hospitalizado tras dos cirugías, podría recibir una condena de entre 2 a 8 años en un centro especializado, según las normas del sistema de responsabilidad penal para menores. Esta pena resulta significativamente menor a la que enfrentarían adultos por delitos similares, que podrían alcanzar hasta 43 años de prisión.
El atentado, que ha sacudido al país, ocurrió en un contexto de creciente violencia y riesgo social. El menor, que fue capturado inmediatamente después del ataque, se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad mientras se recupera. La audiencia de imputación por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas se llevará a cabo este lunes a las 3 de la tarde.
Este caso ha despertado un debate sobre la protección de la infancia y las fallas en los programas de apoyo que, en este caso, no lograron evitar que el joven se involucrara en actividades delictivas. El presidente Gustavo Petro ha señalado que el menor había participado en el programa “Jóvenes en Paz”, pero abandonó el mismo tras solo dos meses, sin asistir a clases y con un comportamiento calificado como conflictivo.
La situación del menor es crítica y su futuro dependerá de la decisión del juez, quien podrá imponer medidas cautelares como el internamiento preventivo. Mientras tanto, el país observa con preocupación cómo se desarrollan los acontecimientos y qué cambios podrían surgir en la legislación sobre menores infractores. La sociedad exige respuestas y un compromiso real para abordar las raíces de la violencia juvenil.