Un atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe ha dejado al país en shock. Uribe, quien se encontraba en un encuentro comunitario, recibió múltiples disparos el sábado y su estado es crítico, según el último parte médico de la Clínica Santa Fe. Este ataque se produce en un contexto de creciente violencia política en Colombia, y las implicaciones son alarmantes.
El abogado de Uribe, Víctor Mosquera, ha denunciado que a pesar de haber solicitado en más de 23 ocasiones un reforzamiento de la seguridad del senador, la Unidad Nacional de Protección (UNP) desestimó las solicitudes, catalogando a Uribe como de “bajo riesgo”. Esta omisión del Estado podría tener graves consecuencias, y Mosquera ha anunciado que se presentará una denuncia penal contra el director de la UNP. La última solicitud de protección se realizó el 5 de junio, justo antes del atentado.
Lo que agrava la situación son las amenazas previas que Uribe había recibido, incluso contra ministros del gobierno de Gustavo Petro, lo que plantea la inquietante pregunta: ¿Está Petro detrás de este atentado? La tensión política en Colombia ha alcanzado niveles peligrosos, y algunos han comenzado a comparar este ataque con el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en los años 80, un episodio que marcó la historia del país.
Mientras Uribe lucha por su vida, el expresidente Álvaro Uribe ha denunciado que también ha recibido amenazas de nuevos atentados, lo que revela un clima de inseguridad y terror que parece estar reeditando capítulos oscuros de la historia política colombiana. Con un sicario detenido, las autoridades deben investigar quiénes están detrás de este ataque y si existe una red más amplia orquestando estos actos violentos.
Las próximas horas son cruciales y la nación espera respuestas. La seguridad de los candidatos y la estabilidad del proceso electoral están en juego.