En un giro sorprendente en el caso del ataque contra el precandidato Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación ha decidido investigar a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a varios miembros de la Policía Nacional. La Fiscal General, Luz Adriana Camargo, anunció que se citará al director de la UNP, Augusto Rodríguez, en respuesta a las numerosas solicitudes de protección que, según el abogado de Uribe, no fueron atendidas.
El abogado de Uribe, Víctor Mosquera, reveló que se presentaron al menos 23 peticiones para aumentar la seguridad del precandidato, argumentando que las amenazas contra su vida eran inminentes. La última solicitud fue realizada el 5 de junio de este año, sin que se tomaran medidas efectivas. “Esto es muy grave. Hay una falla en el servicio que debe ser investigada a fondo”, aseguró Mosquera.
La situación es aún más alarmante tras el atentado, que dejó a Uribe en peligro, y las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien admitió que hubo fallas en los protocolos de seguridad. “Es esencial que se investigue cómo un asesino pudo actuar contra una persona protegida”, afirmó el mandatario.
En medio de esta crisis, la Procuraduría también ha abierto una investigación formal contra Rodríguez, demandando pruebas sobre el cumplimiento de las obligaciones de protección y la evaluación del riesgo de los protegidos. La presión aumenta sobre las autoridades mientras se buscan respuestas contundentes sobre las deficiencias en el esquema de seguridad que dejaron vulnerable a Uribe.
La urgencia de esta situación es palpable, y la respuesta del gobierno y de las instituciones de protección será crucial en las próximas horas. La comunidad está en alerta, y la transparencia de las investigaciones será fundamental para restaurar la confianza en los mecanismos de seguridad del país.