Un ataque brutal ha sacudido la escena política de Colombia: Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, fue víctima de un atentado a plena luz del día en el barrio Modelia de Bogotá. A las 4:40 de la tarde, mientras se preparaba para un mitin comunitario, un joven de apenas 14 años le disparó tres veces. El caos estalló instantáneamente, y el atacante, a pesar de estar herido, logró escapar entre las casas.
Las imágenes del ataque son escalofriantes. Se observa al sicario a solo dos metros de Uribe, un claro indicio de la alarmante falta de seguridad que lo rodeaba. En medio de la confusión, el agresor gritó: “¡Lo hice por plata!”, mientras intentaba huir. Este suceso ha generado una ola de indignación y cuestionamientos sobre el esquema de seguridad del candidato, que en el momento del ataque se encontraba sin la protección adecuada.
El presidente Gustavo Petro ha exigido una investigación exhaustiva sobre las fallas en la seguridad que permitieron este atentado. “Es inadmisible que no haya nadie cuidándole la espalda al candidato”, declaró, subrayando la necesidad de esclarecer por qué Uribe no llevaba puesto su chaleco antibalas y quiénes eran las personas responsables de su seguridad.
La policía ha ofrecido una recompensa de hasta 3,000 millones de pesos por información que conduzca a los autores intelectuales del ataque, mientras las autoridades buscan a una mujer que fue vista hablando con el sicario momentos antes del atentado. Este hecho ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los políticos en un clima electoral cada vez más violento.
La situación es crítica y la presión sobre las fuerzas de seguridad aumenta. La comunidad y los líderes políticos exigen respuestas inmediatas y una revisión completa de los protocolos de protección. La vida de Uribe, y la seguridad de otros candidatos, penden de un hilo en un contexto de creciente tensión política.