La defensa de Miguel Uribe exige justicia tras el intento de asesinato del senador, quien sigue en estado crítico cinco días después del ataque. La investigación avanza, pero la incertidumbre persiste. La Fiscalía ha judicializado al joven sicario que disparó contra Uribe, enfrentando cargos de homicidio en grado de tentativa y tenencia de armas. Sin embargo, el menor no ha aceptado los cargos, lo que complica el proceso.
La defensa de Uribe, liderada por el abogado Víctor Mosquera, ha solicitado a la Fiscalía que agote todos los mecanismos legales para asegurar la colaboración del adolescente con la justicia. Este joven, que participó en el programa “Jóvenes en Paz”, abandonó el proceso en diciembre del año pasado, lo que añade una capa de complejidad a la situación.
El presidente Gustavo Petro ha ordenado proteger al menor, quien posee información crucial sobre los autores intelectuales del atentado. La Fiscal General, Luz Adriana Camargo, ha confirmado que el joven y su familia serán incluidos en el programa de protección de testigos, lo que implica reubicación y cambio de identidad.
A medida que la Fiscalía investiga, surgen nuevas preguntas. Los disparos que hirieron a Uribe podrían no ser solo del arma incautada al menor, lo que sugiere la posibilidad de un segundo tirador. Si se confirma esta hipótesis, el caso podría dar un giro radical, abriendo la puerta a la judicialización de otros implicados.
Mientras tanto, Uribe muestra mejoras neurológicas, pero su estado sigue siendo crítico. La urgencia por esclarecer este atentado no solo es vital para la justicia, sino también para la seguridad del país. La sociedad espera respuestas rápidas y contundentes ante este acto de violencia.