Un joven sicario, implicado en el atentado contra Miguel Uribe, busca un preacuerdo con las autoridades mientras se halla bajo custodia en el búnker de la fiscalía. Este giro inesperado en el caso ha desatado una ola de reacciones y preocupaciones sobre la seguridad política en el país. Según fuentes cercanas, el joven ya ha comenzado a colaborar, entregando información valiosa que podría desmantelar redes criminales y esclarecer los detalles del ataque.
El sicario, quien sufrió una grave herida en la pierna durante su arresto, se encuentra en estado de confusión y miedo, consciente de la gravedad de sus acciones. Su declaración de inocencia parece un intento desesperado por evitar las consecuencias de un acto que fue grabado y documentado, lo que complica su defensa. Mientras tanto, los fiscales y la defensoría pública han cambiado de estrategia para facilitar su cooperación.
En el centro de esta tormenta, el presidente Petro ha instado a los candidatos presidenciales a un diálogo, pero la respuesta ha sido fría. La tensión política se intensifica mientras se revelan detalles sobre la pistola utilizada en el atentado, que fue adquirida en Estados Unidos y sujeta a una investigación internacional. El FBI ya está colaborando con las autoridades colombianas para rastrear su origen y los posibles vínculos con el crimen organizado.
La situación se desarrolla rápidamente, y la comunidad está en alerta máxima ante la posibilidad de que más información salga a la luz. La colaboración del sicario podría cambiar el rumbo de las investigaciones y, potencialmente, llevar a otros involucrados ante la justicia. Con el país mirando de cerca, este caso podría tener implicaciones profundas para la seguridad y la política en Colombia.