La Fiscalía ha catalogado el ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay como un atentado político, evidenciando la gravedad de la situación que enfrenta el país. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol ha revelado que este ataque se deriva de su posición como precandidato presidencial y miembro de la oposición, crítico del gobierno de Gustavo Petro.
Catherine Martínez, de 19 años, ha sido imputada por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, señalada como coautora del plan criminal que buscaba acabar con la vida de Uribe Turbay. Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que el ataque fue orquestado por individuos contratados, destacando la falta de protección que Uribe recibió de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a pesar de haber alertado sobre su situación de riesgo.
Los detalles son escalofriantes: el ataque fue llevado a cabo por un menor de edad, quien disparó contra el senador con un arma de fuego proporcionada por Martínez. El plan criminal incluía una cuidadosa distribución de roles, donde otros cómplices facilitaron la logística del atentado, incluyendo un conductor que transportó a los atacantes. La Fiscalía reveló que el menor recibiría 20 millones de pesos a cambio de su participación en el crimen.
Martínez, quien intentó ocultarse en Florencia, Caquetá, fue capturada tras el ataque y se enfrenta a una pena que podría oscilar entre 20 y 43 años de prisión. En un giro dramático, la joven se negó a aceptar los cargos en su contra, a pesar de la contundencia de las pruebas presentadas. La situación se torna aún más tensa con la reciente captura de un cuarto implicado, lo que sugiere que las investigaciones están lejos de concluir.
Este atentado no solo pone en riesgo la vida de un político, sino que también plantea serias preguntas sobre la seguridad de los opositores en Colombia. La comunidad está en alerta máxima, mientras las autoridades continúan desentrañando los oscuros hilos que rodean este ataque.