**El cuarto capturado por el caso del Miguel Uribe no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía**
En un giro impactante en las investigaciones sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, William Fernando González, el cuarto detenido, se declaró inocente de los cargos que la Fiscalía le imputó, incluyendo tentativa de homicidio y uso de menores para la comisión de delitos. Este desarrollo ocurre en medio de una creciente preocupación por la seguridad de los políticos en Colombia, tras el ataque que dejó a Uribe en estado crítico.
González, quien supuestamente participó en la planificación del ataque, fue señalado por la Fiscalía como el responsable de la logística que facilitó el atentado, que involucró a un sicario de apenas 15 años. Este menor disparó contra el congresista en el parque El Golfito, mientras González se encontraba a pocas cuadras, listo para ayudar a los otros implicados a escapar. La Fiscalía busca ahora que se le imponga una medida de aseguramiento que lo envíe a prisión.
Mientras tanto, la comunidad se une en oración por la salud de Uribe, con una vigilia programada para conmemorar dos semanas desde el ataque. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, familiares y ciudadanos elevan sus plegarias, mientras las autoridades continúan sus investigaciones, recolectando pruebas y testimonios que podrían esclarecer la red de complicidades detrás del atentado.
La situación se torna más inquietante con el descubrimiento de que el celular del menor atacante contenía fotografías de figuras políticas, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre posibles conexiones y amenazas a otros funcionarios. La urgencia de las investigaciones es palpable, ya que la seguridad de varios precandidatos está en la cuerda floja, y la presión para desenmascarar a los autores intelectuales del ataque aumenta.
Este caso no solo pone en jaque la seguridad de los políticos, sino que también revela la complejidad de la violencia política en Colombia, un fenómeno que sigue dejando una huella profunda en la sociedad. Las autoridades están en alerta máxima mientras se avanza en la búsqueda de justicia y protección para quienes se encuentran en riesgo.