**¡Escándalo en la política colombiana! Angélica Lozano desafía al gobierno de Petro en un enfrentamiento explosivo**
La tensión política en Colombia ha alcanzado un nuevo pico tras el choque frontal entre la senadora Angélica Lozano y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en relación a la suspensión del controvertido decreto de consulta popular del presidente Gustavo Petro. Este conflicto se desató luego de que el Consejo de Estado decidiera suspender provisionalmente el decreto, alegando que no contaba con la aprobación previa del Senado, un requisito indispensable según la Constitución.
Benedetti, en una conferencia de prensa, defendió la posición del gobierno, argumentando que solo la Corte Constitucional tiene la autoridad para determinar la constitucionalidad del decreto. Sin embargo, Lozano no se quedó callada y lo acusó de recibir asesoría jurídica deficiente, insistiendo en que el Consejo de Estado ya había declarado la ilegalidad del proceso.
La respuesta de Petro no se hizo esperar. En un mensaje contundente, el presidente advirtió que la decisión del Consejo de Estado no puede ser interpretada como una declaración de inconstitucionalidad y enfatizó que el poder reside en el pueblo, que debe tener la última palabra en este proceso.
Este enfrentamiento no solo revela las fricciones entre el gobierno y el Congreso, sino que también pone de manifiesto las tensiones sobre la participación ciudadana y los límites del poder ejecutivo. La consulta popular, diseñada para fortalecer la democracia, se ha convertido en un campo de batalla legal y político. La Corte Constitucional ahora tiene la responsabilidad de decidir el futuro de este decreto, lo que podría cambiar el rumbo de la participación ciudadana en Colombia.
Mientras el debate se intensifica, millones de colombianos están a la expectativa de cómo se desarrollará esta saga política. La lucha por el control de los mecanismos de participación ciudadana está lejos de terminar, y todos los ojos están puestos en la Corte Constitucional. ¿Seguirá el gobierno adelante con su agenda, o se verán obligados a retroceder ante la presión de la legalidad? La respuesta podría definir el futuro político del país.