El Congreso de Perú ha dado un giro controversial a la política fiscal del país al aprobar una ley que reduce el Impuesto General a las Ventas (IGV) del 16% al 14%, mientras que, simultáneamente, se incrementa el impuesto municipal del 2% al 4% hasta 2025. Esta medida, que muchos expertos califican de peligrosa, podría costarle al país más de 10,000 millones de soles, generando una profunda preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de creciente déficit fiscal.
Desde el hemiciclo del Congreso, donde se respiraba un aire de tensión y expectación, la ley fue aprobada en medio de debates acalorados. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, no dudó en calificarla como uno de los retrocesos más significativos en la política tributaria del país, argumentando que no responde a una reforma estructural, sino que parece una maniobra populista en un año preelectoral. En esta misma línea, Luis Arias Minaya, exjefe de la SUNAT, advirtió que la norma es insostenible y podría poner en riesgo la imagen de Perú ante organismos internacionales.
El economista Waldo Mendoza fue aún más contundente al señalar que esta ley es “la más dañina del siglo”, instando al Ejecutivo a interponer una queja ante el Tribunal Constitucional. La presión sobre el gobierno aumenta, ya que ahora debe decidir si promulga o observa esta norma polémica. Desde el Congreso, sin embargo, se asegura que cuentan con el respaldo del gobierno, dejando a muchos en la población en un estado de incertidumbre sobre el futuro económico del país.
La atmósfera en las calles de Lima refleja la inquietud de los ciudadanos, quienes temen que esta decisión pueda agravar la ya frágil situación económica. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centra en cómo reaccionará el Ejecutivo y qué implicaciones tendrá esta ley en la vida diaria de los peruanos.