La Fiscalía General de la Nación ha decidido incluir al joven sicario que disparó contra Miguel Uribe en un programa de protección a testigos, una medida que ha generado un intenso debate en Colombia. Este menor, de apenas 15 años, será tratado judicialmente de manera diferente a un adulto, lo que ha suscitado críticas sobre la aplicación de la ley y la protección de los derechos de las víctimas.
La familia de Miguel Uribe ha solicitado que se agoten todos los mecanismos legales disponibles, incluyendo la Ley de Infancia y Adolescencia, para garantizar que el joven colaborador aporte información sobre quienes lo contrataron para cometer el atentado. La fiscal general ha confirmado que el menor enfrenta cargos por porte y tráfico de armas, así como tentativa de homicidio, pero su edad limita la severidad de la condena, que podría ser de solo unos años.
Este caso pone de manifiesto una problemática recurrente en Colombia: el uso de menores de edad por parte de organizaciones criminales. A pesar de su juventud, el sicario demostró un control notable sobre el arma, lo que ha llevado a algunos expertos a cuestionar su nivel de responsabilidad. La discusión gira en torno a si la legislación actual es suficiente para abordar la creciente utilización de menores en actos delictivos graves.
Mientras tanto, la familia de Uribe clama por justicia y exige que se identifiquen y judicialicen a los autores intelectuales detrás del ataque. La situación se complica aún más con la inclusión de la familia del menor en el programa de protección, lo que añade otra capa de tensión al caso. La comunidad observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos, preguntándose si la justicia realmente prevalecerá en un sistema que parece favorecer a los jóvenes delincuentes en lugar de a sus víctimas.