En un giro impactante en la investigación del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las autoridades han logrado avances significativos que han llevado a la captura y judicialización de varios implicados. La mujer identificada como Ctherine Martínez, quien aparece en las imágenes de cámaras de seguridad, fue arrestada por su supuesta participación en la entrega del arma utilizada en el ataque. La Fiscalía la imputó por tentativa de homicidio agravado, fabricación y tráfico de armas, así como por el uso de menores en la comisión de delitos. Sin embargo, Martínez no aceptó los cargos y permanecerá bajo custodia mientras se lleva a cabo la audiencia para determinar su situación.
El menor de edad que disparó contra Uribe también ha sido interrogado. En su declaración, el joven afirmó no conocer a la víctima y que fue reclutado por un hombre del barrio para ejecutar el ataque, prometiéndole 20 millones de pesos, aunque asegura no haber recibido el dinero. Este menor indicó que no tenía relación alguna con Martínez, quien se comunicó con él brevemente antes del atentado.
Además, Carlos Eduardo Mora, señalado como el conductor del vehículo utilizado en el ataque, ha sido capturado y enfrenta cargos similares. Mora reveló a la Fiscalía que la planificación del ataque fue coordinada por un individuo conocido como alias “el costeño”, quien podría tener información clave sobre los autores intelectuales detrás del atentado.
El abogado Víctor Mosquera, representante legal de la familia de Uribe, ha denunciado amenazas de muerte en su contra y ha solicitado protección a las autoridades, destacando la gravedad de la situación. A medida que avanza la investigación, la Fiscalía continúa recolectando pruebas y testimonios para esclarecer el caso y determinar los vínculos de los capturados con el ataque.
La comunidad y el país en general siguen de cerca el desarrollo de este caso, que pone de manifiesto la violencia y la inseguridad que persisten en el contexto político actual. Las autoridades están bajo presión para identificar a los responsables de este intento de asesinato y garantizar la seguridad de todos los involucrados en el proceso judicial.