¡Escándalo en la política colombiana! La senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico se encuentra en el centro de una tormenta mediática tras la revelación de que ordenó la liberación temporal de algunos de los criminales más buscados de Medellín para un evento público con el presidente Gustavo Petro. Documentos exclusivos indican que esta controversial decisión ha desatado un intenso debate sobre la seguridad y las políticas penitenciarias del país.
El pasado 19 de junio, Zuleta, en su rol como coordinadora para la construcción de paz urbana, solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) el traslado de notables cabecillas de bandas criminales, incluyendo a Juan 23 Minutos y Carlos Pesebre, para que asistieran a un acto en la plazoleta del Alpujarra. Aunque el INPEC accedió a la petición, estableció condiciones estrictas para garantizar la seguridad, lo que no ha sido suficiente para calmar las críticas.
La controversia se intensifica al cuestionar si una decisión de tal magnitud debería haber tenido un respaldo judicial, considerando el perfil de los reclusos, muchos de los cuales enfrentan graves acusaciones por homicidio y narcotráfico. Críticos advierten que esta acción podría interpretarse como un trato preferencial hacia aquellos que han violado la ley, afectando gravemente la percepción de justicia en Colombia.
Mientras algunos defienden la medida como parte de una estrategia de paz, otros exigen explicaciones claras sobre los criterios utilizados para autorizar estos traslados. La opinión pública está dividida, y el debate sobre la legitimidad de negociar con criminales se reabre con fuerza.
La situación plantea preguntas cruciales sobre los límites de las negociaciones con actores armados y la necesidad de explorar alternativas que reduzcan la violencia en las ciudades. Este escándalo no solo resalta los desafíos de la política criminal en Colombia, sino que también exige un diálogo urgente y transparente sobre el futuro del país.