El productor de contenido para adultos, Alex Marín, fue detenido en Puerto Vallarta el 28 de mayo tras ser acusado de delitos graves relacionados con la trata de personas, específicamente por involucrar a una menor de edad en actividades de explotación sexual y producción de material pornográfico. Este caso ha despertado una ola de indignación y preocupación en la sociedad, ya que las implicaciones legales para Marín podrían llevarlo a pasar varias décadas en prisión.
Según el artículo 13 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar delitos en materia de trata de personas, aquellos que se beneficien de la explotación sexual o la pornografía mediante engaño, abuso de poder o violencia enfrentan penas de 15 a 30 años de prisión, además de multas que pueden alcanzar hasta 30,000 días. En el caso de Marín, la gravedad aumenta al tratarse de una víctima menor de edad, lo que significa que no es necesario demostrar la existencia de engaño o violencia, ya que la ley considera cualquier aprovechamiento sexual hacia personas menores de 18 años como explotación directa.
La Fiscalía del Estado de Jalisco ha informado que Marín es responsable de la explotación sexual de una joven de 16 años, con quien supuestamente inició una relación sentimental antes de involucrarla en encuentros sexuales con terceros. Estos actos fueron grabados y difundidos en plataformas digitales de contenido para adultos, lo que llevó a los familiares de la menor a presentar una denuncia ante las autoridades al descubrir el material.
La investigación ha revelado que Marín utilizó manipulación emocional y engaño para atraer a la víctima a una red de explotación sexual. Si se comprueba que recibió beneficios económicos de la difusión del material, podría enfrentarse a sanciones adicionales bajo los artículos 14 y 15 de la misma ley, que imponen penas de entre 5 a 15 años de prisión por comerciar y distribuir contenido pornográfico.
En total, Alex Marín podría enfrentar penas que oscilan entre 15 y 60 años de prisión, dependiendo de los agravantes y del criterio del juez. Este caso subraya la importancia de la protección de los menores y el combate a la trata de personas en el país.